Una mala analogía: Un gobierno no es un hogar.

La analogía entre las finanzas de gobierno y del hogar es totalmente inapropiada para argumentar en favor de una expansión o una consolidación fiscal.  ¿A quién no le parecería “natural” que si se atraviesa una situación de estrechez presupuestaria, el gobierno, al igual que una familia, debería "socarse la faja" y gastar menos para lograr reequilibrar la situación. Parece natural y hasta puede que evoque experiencias personales. Sin embargo ya veremos por qué no es lo mismo.

La analogía se ha vuelto sumamente popular debido, me parece, a su aparente obviedad. Sin embargo existen varias razones por las que el procurar de un balance entre ingresos y gastos es, en lo fundamental, diferente entre un hogar y un gobierno. Tomemos un ejemplo ampliamente comentado en la actualidad,  un recorte de gastos. ¿Por qué no la analogía con un recorte de gastos de un hogar no es apropiada? Antes de entrar en la sustancia, aclaro que esto no es un caso en favor del keynesianismo, o de la austeridad expansiva. Simplemente quiero puntualizar por qué defender una de esas dos ideas basándose en la analogía del presupuesto del hogar es un error.

En primer término  la analogía es inapropiada debido a lo que los economistas llaman “efectos se segunda ronda”. El recorte de gastos de un hogar tiene un efecto trivial sobre su presupuesto. Nada sucederá con la economía del país si los Rodríguez deciden socarse la faja reduciendo un 5% sus gastos. El tamaño del presupuesto de la familia Rodríguez es ínfimo como para que sus cambios tengan algún efecto sobre otros agentes económicos. Nadie perderá su trabajo, ni verá reducido de manera importante su ingreso por esa decisión. Como resultado, la reducción del gasto que haga esa familia no terminará de alguna forma devolviéndose hacia ellos y afectando su propio ingreso. Es decir no habrá efectos de segunda ronda sobre el presupuesto de los Rodríguez.

Por el contrario, si un gobierno reduce sus gastos en un porcentaje similar que los Rodríguez, el efecto a nivel de la economía tiene potencial de ser significativo. Si el gobierno compra menos bienes y servicios muchas empresas y hogares verán su ingreso caer. Incluso es posible que algunas personas pierdan su empleo. En respuesta, los agentes afectados también recortarán sus gastos. Esto a su vez afectará otras empresas y hogares... Esta cadena de recortes es lo que genera lo que se conoce como efecto multiplicador.  A la larga, ese menor nivel transaccional en la economía termina impactando la recaudación fiscal. El efecto de la reducción de gasto, cuando lo efectúa un agente de gran tamaño como el gobierno, sí termina impactando su ingreso. Acá el efecto no es trivial, existen efectos de segunda ronda. Es claro entonces que, a diferencia del hogar, la decisión del gobierno de reducir su gasto no es independiente de los ingresos que genera.

Este tipo de efectos de segunda ronda son los que llevan a algunos economistas a argumentar que, bajo el escenario de una economía que exhibe un desempeño débil, un recorte de gastos de parte del gobierno puede eventualmente conducir a un empeoramiento en el balance de sus finanzas. Nótese que la implicación directa del efecto de segunda ronda es que una reducción de gasto podría reducir más que proporcionalmente los ingresos. Esto no es una idea que existe solo en la teoría o en el papel. Existe evidencia empírica que la respalda. Solo por mencionar una referencia, este trabajo reciente (2018) de Fatás y Summers muestra que para un grupo grande de países, intentos por reducir la deuda mediante consolidaciones fiscales terminan, con alta probabilidad, en un empeoramiento de la razón de deuda/PIB.

Un segundo razonamiento sobre la diferencia fundamental entre las decisiones presupuestarias de un hogar y de un Gobierno es la capacidad que tiene el segundo para influir tanto sobre los gastos como los ingresos de su presupuesto. En términos sencillos, un gobierno puede, por la vía parlamentaria, decidir aumentar los impuestos y con esto, todo lo demás constante, amentar su ingreso. Un hogar únicamente controla sus gastos. El hogar no puede, al menos directamente, decidir aumentar sus ingresos. Aunque el origen es distinto, en términos de su implicación, esta diferencia es similar a la de efectos de segunda ronda. A diferencia de una familia, en un gobierno los gastos no necesariamente son independientes de los ingresos.

Una tercera diferencia fundamental entre un hogar y un gobierno es la existencia de un banco central. Aunque lo idea no es del agrado de muchos, por más independencia de la que gocen, los bancos centrales forman parte del aparato estatal. Estas entidades tienen la capacidad de bajar o subir las tasas de interés en la economía. De hecho es la forma en que la mayoría de ellos hace política monetaria en la actualidad. Menores tasas de interés implican menor costo por endeudarse para el ministerio de hacienda. Bajo ciertas condiciones, en particular si la inflación y sus expectativas se encuentran bajo control, una apropiada coordinación entre las autoridades hacendarias y monetarias podría reducir el costo del endeudamiento del gobierno.  Ninguna familia tiene un banco central con el cual coordinar eventuales reducciones de las tasas a que se endeuda.

En suma, a pesar de lo atractiva que es la analogía, y de lo identificados que podamos sentirnos con ella, lamentablemente no es útil para defender un recorte (o una expansión) de gastos. A diferencia de una familia, en un gobierno los gastos no son independientes de los ingresos, las familias tampoco pueden modificar las tasas de interés, así que el análisis del efecto de la política fiscal no es tan trivial.

Salarios mínimos, ¿por qué si?

Al calor de la campaña electoral se ha tocado en repetidas ocasiones el tema de la regulación de salarios mínimos. Tanto la “twitsfera” como la “blogosfera” han seguido el ritmo generando opiniones.  Algunas de esas opiniones son informadas, otras ampliamente desinformadas y, lo que es peor, muchas son mal informadas. Dentro de estas últimas están las típicas de quienes allá en mil novecientos y tanto llevaron un curso en el que algo les hablaron de las señoras Oferta y Demanda.  Y claro, como esas señoras son fáciles de entender, hoy puden sacar pecho y contar que el salario mínimo genera desempleo porque… diay, “oferta y demanda”.  Pues bien, acá les dejo unas líneas al respecto.

Todos habremos oído hablar de monopolios.  Fundamentalmente se trata de una situación en que el mercado de algún bien o servicio se compone de un solo oferente. En un mercado monopólico no existen sustitutos cercanos del producto o servicio y por tanto ese oferente es la única alternativa que tienen los demandantes para satisfacer su necesidad. 

La palabra “monopolio” se ha ganado una connotación negativa, y no gratuitamente.  Cualquier economista le dirá, con más o menos detalles, que un mercado monopólico genera un precio más alto y una cantidad transada menor de la que se daría en una situación de competencia.  Es una situación desventajosa para los demandantes pues pierden con respecto a la situación de competencia; y muy provechosa para el oferente pues gana con respecto a la misma situación de competencia.  Lo más grave es que desde el punto de vista social o agregado hay una pérdida de bienestar debido a que lo que pierden los demandantes es menos de lo que gana el monopolista.  Esta pérdida agregada justifica, desde el punto de vista de optimalidad económica, la intervención del mercado por ejemplo mediante la regulación del precio.

Ahora bien, cuando en un mercado hay un solo demandante y muchos oferentes, y estos últimos no tienen más alternativa que vender a ese único demandante, se tiene una situación equivalente al monopolio que los economistas llaman “monopsonio”.  El monopsonio conlleva a la misma pérdida agregada de bienestar que el monopolio.

Para ir aterrizando en el mercado de trabajo, imaginen una situación donde en cierta área geográfica existen pocos empleadores (demandantes de trabajo) y un amplio grupo de trabajadores (oferentes de trabajo) con habilidades muy específicas.  Este es el caldo de cultivo para que se genere un mercado de trabajo “monopsónico”.  De forma sencilla, si una piñera en la zona sur le paga una miseria a sus empleados, estos ¿para dónde agarran?  En esta situación la cantidad de trabajo contratada y el precio del mismo serían inferiores a los que se darían con competencia.  Además, como se explicó atrás, se generaría una perdida agregada de bienestar.  Bajo estas circunstancias es totalmente justificado, desde el punto de vista económico, la existencia de una regulación de precio que en este caso tomaría la forma de salario mínimo. 

Sería esperable que en áreas urbanas donde abundan los demandantes de trabajo (empleadores) no se presente un mercado de trabajo monopsónico.   Ahí el mercado laboral tendrá más características de mercado competitivo y tanto el precio (salario)  como la cantidad contratada de trabajo tenderán al nivel óptimo.  Un salario mínimo bien establecido acá no tendría ninguna relevancia pues el mercado ubicaría ese precio en un nivel superior respecto a la situación de monopsonio.  Se los pongo de forma más directa, si usted le paga muy poco a su empleada doméstica, tenga por seguro que rapidito otra familia “se la roba” por unos cuantos pesos más.

Si se aplica una regulación de salario mínimo general cuyo nivel sea superior al de mercado monopsónico y no superior al de equilibrio competitivo se corrige la pérdida de bienestar agregado originada en el segmento de mercado monopsónico y no se genera desempleo en el segmento competitivo pues al salario establecido la cantidad demanda de trabajo será al menos tan grande como la ofrecida.

En resumen, sí existe justificación económica que respalda regulaciones de salario mínimo (el monopsónio como falla de mercado)  y no necesariamente un salario mínimo causa desempleo.

No coma cuento, el IVA si conviene.

En un artículo del periódico digital CRhoy publicado el 23 de octubre de 2013 (http://www.crhoy.com/economistas-apuntan-que-aprobacion-del-iva-dispararia-el-costo-de-vida/) la periodista indica que varios economistas creen que una eventual adopción del sistema de impuesto al valor agregado (IVA) “dispararía el costo de vida” afirmando que algunos servicios que hoy no son sujetos del impuesto de ventas subirían automáticamente 13%.  Esto es falso, es más, existe la posibilidad de que adoptar un IVA reduzca el precio de algunos productos.  Con los siguientes dos ejemplos se demuestra por qué.

Ejemplo 1.  Con la adopción del IVA el precio de los servicios que hoy no pagan impuesto de ventas NO sube 13%.

Por simplicidad el ejemplo corresponde a un servicio con corta cadena de valor, un corte de cabello.  Suponemos lo siguiente: 1) los insumos del salón por cada corte de cabello ascienden a ¢5.000 y están sujetos en su totalidad a impuesto de ventas.  2) El salón añade un valor fijo de ¢5.000 a cada corte, es decir, el servicio del estilista vale ¢5.000.  Así, excluido cualquier impuesto, el corte valdría  ¢10.000.  Ahora bien, bajo el sistema de impuesto de ventas actual el precio del corte sería de ¢10.650 (5.000*1.13 + 5.000).  Esto significa una tasa efectiva del 6,5% sobre el costo del corte si no hubiera impuesto alguno.  Bajo el sistema del IVA, y asumiendo la misma tasa del 13%,  el salón debería cobrar ¢11.300 (5.000*1,13 + 5000*1,13).  Esto implicaría para una tasa efectiva del 13% sobre el valor del corte sin impuestos.  Nótese que el precio del corte subiría de ¢10.650 a ¢11.300, es decir un incremento de solo 6,1%, no del 13% como afirma el artículo mencionado.

Ejemplo 2.  Productos que ya pagan el impuesto de ventas pueden bajar de precio.

De nuevo y por simplicidad, se elige un ejemplo de producto con corta cadena de valor, una corbata importada. Suponiendo que: 1) en esta cadena solo participan un importador y una tienda minorista; 2) el costo de la corbata más los gastos y margen del importador ascienden a ¢8.000 por corbata.  3) el margen comercial de la tienda es fijo en ¢2.000 por corbata. Así, excluido cualquier impuesto, el valor de cada corbata al detalle sería de ¢10.000.  Ahora bien, con el sistema de impuesto de ventas actual el importador deberá cobrar ¢9.040 (8.000*1,13).  Por su parte el precio final que la tienda cobraría sería ¢12.475,2 [(¢9.040 + 2,000)*1,13].  En suma, la tasa impositiva sobre los ¢10.000 originales del precio final al detalle sería del 24,75%.  Por otro lado, con el sistema del IVA, y asumiendo la misma tasa del 13%, el importador cobraría los mismos ¢9.040, pero la tienda solo cobraría ¢11.300 (9.040+2.000*1,13), con lo que el precio de la corbata es menor con respecto al que se daría bajo el sistema de impuesto de ventas.

Demostrados estos dos elementos, vale la pena indicar que la ventaja fundamental de un sistema de IVA sobre uno de impuesto de ventas radica en lo difícil que se vuelve evadir el tributo para los participantes de la cadena productiva.  Puesto que la base del impuesto sobre la que se cobra a cada eslabón es el valor que añade a la cadena productiva (valor de la venta menos valor de los insumos), cada eslabón tiene el incentivo de demostrar el costo de los insumos que ha utilizado en su proceso productivo.  Para esto exigirá a sus proveedores todos los comprobantes oficiales de pago, lo cual hace trazable para Hacienda toda la cadena de valor y reduce al mínimo la evasión.

Un cuento chino más sobre las concesiones

En múltiples ocasiones he consultado por qué un país como Costa Rica, al que el mundo financiero le presta dinero a una tasa cercana al 5%, decide concesionar la construcción y administración de carreteras a empresas cuyo costo de financiamiento supera el 13% (o al menos logran que esa sea la tasa reconocida en los contratos).

Entre las personas en puestos importantes que me han ofrecido una explicación para esta mala decisión de la administración pública,  está el Sr. Ministro de Planificación Roberto Gallardo, a quien de paso agradezco su interacción en la red social tuiter.  El Sr. Gallardo indica que esa diferencia (13% en lugar de 5%) es el costo que se debe pagar para que el Estado libere recursos y los pueda usar en atender otras necesidades.  En otras palabras, dado  que el Estado tiene recursos limitados, es mejor dejar que un tercero invierta sus recursos en la carretera y que el Estado use los propios en atender otras necesidades.   Este argumento, que algunos fácilmente comprarían como razonable, es totalmente falaz y a mí en particular me sorprende que se use en serio.  Veamos por qué.

Como economista uno trata de simplificar los análisis reduciendo las situaciones a su esencia, es decir a usar un modelo de la realidad que conserve los aspectos básicos del problema.  En este caso una simple analogía puede servir.  Supongamos que no se trata de un país que requiere una carretera si no de una familia que necesita ampliar la casa, hacer una cochera por ejemplo.  El (o la) jefe de hogar sería el Estado y el resto de la familia la población.  Para que la analogía sea válida, hay que asumir que todos en la familia trabajan y están obligados pasar una porción de su ingreso al jefe de hogar (algo así como impuestos).

Supongamos también que la familia tiene dos opciones para financiar la construcción de la cochera: 1) pedir un préstamo bancario y con esto pagarle al maestro de obras del barrio la totalidad de la cochera ya terminada.  Llamemos a esto opción llave en mano;  2) dejar que el maestro de obras consiga el préstamo, construya la cochera,  y que le cobre a los miembros de la familia por su uso, llamemos a esto concesión de administración.

Supongamos que el banco al que acude el jefe de hogar a solicitar el préstamo con que pagaría la opción llave en mano observa que en la familia todos trabajan y están obligados a hacer su contribución al jefe de hogar.  Además en el pasado el jefe de hogar ha honrado todas sus deudas.  Incluso el banco conoce que el historial de pago de otras familias, donde todos los miembros trabajan y están obligados a pasar al jefe una parte del ingreso, es casi intachable.  Como consecuencia el banco percibe como altamente probable que el préstamo que tome el jefe de hogar será pagado puntualmente, así que decide cobrarle un interés reducido, digamos 5%.

Por su parte, el banco al que acude el maestro de obras nota que el señor vive solo, nadie está obligado a pasarle periódicamente una porción de sus ingresos y que a otros maestros de obra a veces les va mal en los negocios y terminan sin poder pagar sus deudas.   Así que para compensar esa inseguridad, el banco que financia al maestro de obras le cobra un interés alto, digamos 13%.

Es evidente que la familia tiene otras necesidades que satisfacer (alimentación, vestido, o por ejemplo pintar el techo de la casa).  Ahora bien, según el argumento de don Roberto la opción llave en mano pone a la familia en la encrucijada de decidir si hace la cochera o si por ejemplo, pinta el techo, mientras que la opción concesión de administración permitiría hacer las dos cosas.  Esto es intrínsecamente falso.

Si la familia tiene capacidad de pago para afrontar sus otras necesidades y pagar las cuotas que cobraría el maestro de obras bajo la opción concesión de administración, también puede afrontar sus otras necesidades y pagar el préstamo con el banco que tomaría si opta por la opción llave en mano.  Después de todo las cuotas del banco (al 5%) son más bajas que las del maestro de obras (al 13%).

Dado que la familia tiene capacidad de pago, es decir, con ambas opciones puede cubrir sus otras necesidades y construir la cochera, debería elegirse la opción más barata.  Salvo que el jefe de hogar tenga una amistad fraterna con el maestro de obras o existan otros elementos para decidir, es evidente que debería elegir la opción llave en mano.

En Costa Rica nuestro jefe de hogar (el gobierno de turno) escogió la opción concesión de administración en el caso de la ruta a Caldera (que además tiene el inconveniente de la forma de cobro, asunto que trato en este otro post “El caso contra los peajes”) y ahora va por el mismo camino con la ruta a San Ramón.  Mi única explicación es ingenuidad de parte de nuestro jefe de hogar.  ¿O seré yo el ingenuo?

El caso contra los peajes

Nos guste o no las carreteras hay que pagarlas.  Este hecho genera dos preguntas fundamentales de política pública: quién las debe pagar y cuál debe ser el mecanismo de cobro.  La respuesta a la primera no es difícil, las calles deben pagarlas quienes las utilizan.  La respuesta a la segunda no es tan simple.  Por su naturaleza, las carreteras son bienes públicos, y la forma eficiente de cobrar por el uso de bienes públicos es un asunto que se las trae.

Podría pensarse en dos tipos generales de formas de cobro:  Cobro directo, lo que en términos generales se conoce como peajes; y cobro indirecto, lo que usualmente toma la forma de un impuesto por cada litro de combustible.  El reciente “boom” por concesionar no solo la construcción, sino también la administración/operación de carreteras,  tiene implícito una forma directa de cobro.  Esto me hace temer que en adelante nuestro país se irá decantando por esta modalidad de pago.  En mi opinión, lo anterior constituiría un grave error por una serie de motivos que procedo a exponer.

En primer lugar aclaremos por qué una carretera, y más en general la red vial nacional, es un bien público.  Los economistas calificamos a un bien como público cuando cumple 2 características: i) es no rival, es decir que su consumo por parte de un individuo no impide que otros también lo consuman;  y  ii) es no excluyente, lo cual indica que no se puede impedir su aprovechamiento por parte de los usuarios potenciales.  Claramente la red vial nacional cumple con estas dos características. 

El cobro directo de una carretera por medio de peajes elimina la segunda característica mediante el establecimiento de berreras físicas, entiéndase casetas de peaje.  Con lo cual esa porción específica de la red vial nacional deja de ser un bien público. Estas barreras físicas tienen varios inconvenientes.

En primer término incrementan los tiempos de traslado.  Basta preguntar a quienes a diario utilizan la General Cañas, la Prospero Fernández , la Florencio del Castillo o la Bernardo Soto.   También sucede que las barreras se establecen con criterios que nada tienen que ver con agilizar el tránsito de los usuarios y si con tapar posibles salidas para que “sean los menos los que se escapen”, incluso si esto genera que muchos tengan que dar vueltas de 5 km por trayectos que podrían ser de 500 metros.

Por otra parte produce asimetrías en la distribución del costo de la carretera.  En casos como el de la Prospero Fernández es clarísimo.  Quienes van a Escazú pagan cero;  quienes van a Ciudad Colón pagan ¢900 (ida y vuelta) a pesar de que la carretera es la misma que usaban antes; quienes van de Atenas a Pozón pagan también ¢900 a pesar de que su trayecto si es una carretera nueva…  Además toda esta gente que usa la ruta 27 está pagando doblemente por la carretera.  Se les cobra la misma cantidad de colones por litro de combustible por concepto de impuesto para carreteras y además deben pagar los peajes.

En un país pequeño como Costa Rica asilar porciones de la red vial es ineficiente.  Siempre se requerirán salidas y entradas que harán elevadísimo el costo de hacer exclusivo el uso del trayecto.

En síntesis, tratar de imprimir la característica de excluyente a un bien inherentemente público como la red vial nacional, genera una serie de complicaciones absolutamente innecesarias que se evitarían si el cobro se hiciera como lo pensaron los abuelos, indirectamente vía el tradicional impuesto a la gasolina.

El cobro vía combustible evita establecer barreras físicas, los traslados se hacen más rápidos y no hay que supeditar el diseño de salidas un entradas a lo caro o barato que sale colocar las casetas de peaje.   Además, cobrar de esta forma es más justo en el sentido de que paga proporcionalmente más  el que más circula y cuyo vehículo daña más las calles.  Incluso, vía gasolina se castiga al carro menos verde y se premia al más verde.

Los peajes deberían reservarse para otro tipo de fines.  Por  ejemplo para internalizar el costo de las externalidades negativas que causan las presas en horas pico.  Eso se hace cobrando por el acceso a zonas altamente transitadas a las horas de mayor tráfico. 

Para pagar las carreteras  ya tenemos la herramienta adecuada.  El problema es que es impopular subir impuestos.  Políticamente es una mejor estrategia joder en grande a un grupito que subirle  dos pesos a la gasolina de todos.  Sin embargo es claro que a nivel país es mucho más eficiente hacer el cobro de un bien público como las carreteras de una forma indirecta.  



Pdt:  

Recién me entero de otra de las “joyitas” que nos metieron con la ruta 27 y que todos los que usamos ocasionalmente o a diario esa calle tenemos que pagar.  Esa concesión está otorgada por valor presente neto.  Esto en términos sencillos significa que el concesionario cobra hasta que recauda el valor “descontado” de lo que cuesta la calle más cierta ganancia.  Pues bien, dentro de los flujos que se descuentan para saber cuándo deja de cobrarse el peaje, se metió un ajuste por “riesgo de tránsito”.  Es decir, como las estimaciones de cuántos carros van a pasar por ahí son solo aproximaciones, existen un riesgo de que pasen menos carros, ese riesgo tiene  un costo,  ese costo se suma al valor de la calle y lo terminamos pagando los  usuarios de la vía.   Ese riesgo no existe cuando se paga la calle vía impuesto a la gasolina.  Es decir, la genialidad de decidir cobrar la calle vía peajes crea un costo adicional a lo que es propiamente lo que vale construir la calle.  Así nos majamos los ticos los zapatos…

La experiencia de abrir una cuenta bancaria en Tiquicia

¿Qué necesito para abrir una cuenta en dólares? Fue mi inocente pregunta en la agencia del BCR Mall San Pedro el día 1.  Claro está, eso fue luego de unos 20 minutos de esperar a ser atendido en la “plataforma de servicios”.  El sistema electrónico de fichas estaba fuera de servicio y las fichas al estilo ferretería Brenes se habían acabado.  Así que los clientes estábamos ahí esperando a que el guarda no perdiera el orden en que fuimos entrando…  ¡Las facilidades del siglo XXI!

1) Cédula de identidad, 2) Orden patronal y 3) Recibo de servicios públicos (con toda una serie de complicaciones en caso de que uno viva en casa alquilada).  Eran los tres puntos específicos que enumeraba el papelito que me dio el guarda luego de que el “ejecutivo” me refiriera a él para que evacuara mi duda. 

“Mire pero yo soy cliente desde hace 6 años, acá me depositan el salario cada 2 semanas”, le indiqué al ejecutivo.  “No importa, los requisitos son los mismo”, me respondió…

El día 2 copié mi cédula, mi orden patronal e imprimí el último recibo de celular que me mandó el ICE.  Como la patita que va al mercado a hacer las compras del mandado, me fui con todo listo a abrir mi cuenta.  El sistema electrónico de colas seguía malo, pero al menos si habían fichas en la maquinita anaranjada.   La espera se hizo más larga, unos 25 minutos.  Tedioso considerando que ni siquiera lo dejan a uno leer el libro electrónico del celular para matar el rato.  Me jaló el aire el guarda y era caso perdido indicarle que solo leía un libro.

Finalmente mi turno.  “Hay muchacho, ¿este recibo lo imprimió usted?” fue la pregunta que me lanzó la ejecutiva.  “Si, es el que el ICE me mandan al email cada mes”, le respondí.  “Esto no le sirve para abrir la cuenta”, “¿por qué?”, “porque no es oficial, no tiene ni un sello”.  Luego de insistir por un rato y hacer ver a la muchacha que no tenía sentido el no permitir ese tipo de recibos, decidió aceptarlo.  Eso hasta que se dio cuenta que el tal recibo no tenía mi dirección física… Ese si fue un obstáculo insalvable.  Por más que le mostré que en el papelito que el guarda le da a todos los clientes no dice, por ningún lado, que el recibo debe tener la dirección, fue imposible que me lo aceptara.  Al final, me indicó que al frente de la agencia bancaria está una agencia Kölbi y que ahí me podían dar el recibo que ocupaba.  “Ok, ¿pero tengo que hacer la fila otra vez?”,  “Si”…

Día 3.  Resignado, paso primero a la agencia del ICE y pido una copia de recibo.  El representante de información me pregunta “¿Para qué la ocupa?”, le respondo que es para abrir una cuenta en dólares en la agencia BCR del frente.  Así que me imprimió, en un papel bond, algo que indicaba mi nombre, mi dirección física y ni número de celular… no había montos, cargos o nada que se le parezca.  En dos platos no era ningún recibo.  Pero bueno, tenía un sellito en tinta negra que le puso el funcionario del ICE, mismo que me indicó “ahí tiene macho, con eso le abren la cuenta”

Con ese papelito, y luego de otros 15 minutos de espera, efectivamente no tuve problemas para abrir la cuenta. 

Dentro de lo tragicómico de toda la historia.  Lo que más me llama la atención es que ahora sea el ICE el certificador autorizado de la dirección física de la gente, aún cuando esta certificación asocie una dirección física con un número de teléfono móvil, ¿irónico o estúpido?  Cosas que pasan cuando a los trabajadores les amputan la iniciativa de pensar por si mismos

Expectativas adaptativas o falta de competencia

El fin de semana anterior recibí la tradicional convocatoria para la asamblea general de condóminos de la urbanización en donde vivo.  Usualmente soy sujeto pasivo en este tipo de actividades por lo tediosas y largas que son.  Sin embargo en esa ocasión la administración adjuntó una propuesta de presupuesto para el año 2012 que decidí ojear.  Lo primero que me llamó la atención fue ver que se presupuestaba un aumento del 4% al salario de los empleados de planilla.  Inicialmente consideré curioso que se estuviera alineando el aumento de salarios con la meta de inflación del BCCR para el 2012.  Sin embargo al seguir ojeando me di cuenta de que aquel 4% era el aumento solo para el 1er semestre, para el segundo semestre se proponía otro 4%...  Es decir, los señores de la administración pretenden aumentar un 8,16% el salario de los empleados de planilla durante el 2012. Posteriormente me enteré que uno de los supuestos generales de la propuesta de la Administración es una inflación del 8%.  ¿De dónde sale esta cifra?  Lo sabré hasta el día de la asamblea pues en ese momento decidí que si asistiría.  Por el momento tan solo puedo especular razones.

El planteamiento de los señores administradores es apenas un ejemplo más de una buena cantidad de precios que se ajustan con criterios que distan mucho de la variación generalizada de precios de la historia económica reciente de Costa Rica.  Pareciera ser que el buen desempeño del BCCR durante los últimos 3 años en materia inflacionaria (desde mayo de 2009 tan solo se necesita un dígito para describir la variación interanual del IPC) no terminar de calar en la totalidad de agentes económicos.

¿Por qué es importante la expectativa variación de precios que tengan los agentes económicos?  Simple, en el corto plazo esa expectativa es el principal determinante de la inflación efectiva.  Simplificando al extremo una de las teorías de formación de precios más usadas por los economistas, en un entorno competitivo las empresas tratarán de que sus precios no varíen de forma muy diferente a los demás precios de la economía, es decir, tratarán de que los precios relativos de sus productos permanezcan constantes.  Un precio relativo al alza podría implicar perder mercado por efecto de la competencia, mientras que un precio relativo a la baja es probable que no permita cubrir costos crecientes.  Así que, si la empresa A espera una variación general de precios del 5%, es posible que ajuste sus precios en torno a esa cifra.  Si la generalidad de empresas espera una cifra similar y actúan igual que A, efectivamente la variación general de precios terminará siendo cercana a ese 5%.

Los economistas han pasado décadas tratando de explicar el mecanismo mediante el cual los agentes económicos forman su expectativa de variación de precios.  Las teorías van desde los sencillos mecanismos de expectativas adaptativas regidas por el principio de “mirar hacia atrás”, es decir esperar para mañana la variación de precios que se presentó ayer, hasta la célebre teoría de expectativas racionales que básicamente implica una muy buena habilidad de los agentes para predecir el incremento efectivo de los precios.  Si hay expectativas racionales los agentes no se equivocan sistemáticamente en su predicción de la variación de precios.

A pesar de lo académica y teóricamente atractiva que es para los economistas la teoría de expectativas racionales, tengo una tendencia “Santo Tomasina” que me hace dudar seriamente de tal planteamiento.  Existe abundante evidencia empírica que no respalda una formación de expectativas consistente con la “reacionalidad”.  Nada distinto a esa evidencia hemos hallado para el caso de Costa Rica según se puede ver en este documento. 

Personalmente tiendo a creer que la formación de expectativas en tiquicia responde más a una combinación de tres axiomas.  Cada axioma domina en un determinado producto dependiendo del grado de competencia que exista en la industria respectiva:

1. Axioma del “vivazo”.  Aplica típicamente en actividades con bajos o nulos niveles de competencia.  El principio es exprimir el excedente del consumidor con una política de precios monopolísticos, oligopolisticos o de cartel.
2. Axioma ARESEP.  Aplica para aquellos bienes cuyos cambios de precio están sujetos a la aprobación del algún ente estatal (ARESEP, MEIC,etc.)
3. Axioma “mirar hacia atrás”.  Aplica para las industrias en donde existe un saludable nivel de competencia.  Su mecánica la expliqué un par de párrafos atrás.

Me interesa acá destacar evidencia que respalda la existencia del axioma del “vivazo”.  Como mencioné atrás, desde mayo de 2009 la variación interanual del IPC en Costa Rica es inferior al 10%.  Uno podría preguntarse ¿cuáles de los 292 productos que usa el INEC para construir ese indicador han presentado, desde esa fecha, las variaciones de precio más altas.  Esto es lo que les muestro en el cuadro abajo adjunto.  Para cada producto he tomado la variación interanual desde mayo 2009 (32 meses) y promediado.  Finalmente he ordenado de mayor a menor según tal promedio e incluido en el cuadro los 20 que encabezan ese ordenamiento.

Listo, no hay que hacer más, la evidencia del axioma del “vivazo” salta en amarillo.  Me “encanta” que el gremio médico aparezca pues siempre he sido crítico de las políticas de los colegios profesionales que ponen precios “piso” a sus asociados, ¡nada más anticompetitivo!  Con el agravante, en el caso del colegio de médicos, de que se trata de un servicio con elevadísimas barreras de salida por parte del cliente (cambiar de médico es una decisión que difícilmente alguien tomaría).  Este es, sin duda, el caldo de cultivo perfecto para poner en práctica el axioma del vivazo.  ¡Qué importa que el resto de bienes y servicios suba solo un 5%!  Nosotros, los todopoderosos médicos, nos da la gana subir un 15%... y cuidadito al colega que se le ocurra cobrar menos, a ese lo sancionamos”.

El otro bien que rescato, cuyos aumentos claramente están regidos por el axioma del “vivazo”, es la educación.  Las razones son similares, no es una decisión fácil cambiar a un hijo de escuela o colegio.  Las barreras de salida son elevadas para el demandante y por tanto no existe un ambiente propicio para una verdadera competencia.  De ahí que se observe como las escuelas y colegios privados se acostumbraron a aumentar, en automático, un 10% o más sus tarifas, independientemente de cuánto subieran los demás precios en la economía.

Resulta interesante entonces confirmar que en sectores donde no hay competencia se sigue subiendo los precios alegremente mientras que en sectores más competidos, donde prevalece el axioma “mirar hacia atrás”, la expectativa reflejada en ajuste de tarifas, si bien es reacia a bajar, finalmente parece converger lentamente a la meta del Banco Central.  Cuando el axioma dominante es el de “mirar hacia atrás” es esperable que un proceso desinflacionario tome mucho tiempo.  Y más tiempo aún cuando existe sesgo alcista proveniente de sectores en donde predomina el axioma del vivazo. 

En busca de acelerar un proceso desinflacionario como el que experimentamos actualmente en Costa Rica, las autoridades poco pueden hacer respecto al axioma “mirar hacia atrás”.  De hecho la dominancia de tal efecto es atribuible a un extenso periodo de con inflaciones elevadas.  Sin embargo existe una oportunidad en el desincentivo del axioma del “vivazo”.  Ya es tiempo de que al MEIC se le deje de “pasear el alma por el cuerpo” y haga algo para erradicar las prácticas fijadoras de precio de los colegios profesionales.  La legislación existe, pero no se pone en práctica.  Como en muchos problemas aparentemente sin solución en nuestro país, solo hace falta voluntad política.